Mis sexenios (49)

José Guadalupe Robledo Guerrero.

Primera etapa del sexenio montemayorista

A mediados de 1995, cuando el sexenio montemayorista cumplía sus primeros 19 meses, Coahuila estaba llena de rumores, conflictos, negocios a la sombra del poder, y agresiones a los disidentes de la política gubernamental. En ese tiempo, Los Legionarios de Cristo eran emblema del montemayorismo, a tal grado que los prestanombres salinistas: Alonso Ancira y Xavier Autrey aseguraban que patrocinarían en Monclova un colegio de esa secta católica de pederastas.

Una semana antes del día de la libertad de expresión (7 de junio), para que hablara sobre el particular entrevisté al locutor y propietario de una radiodifusora en Piedras Negras, Claudio Bres Garza, quien se desempeñaba como director de “Comunicación Social” del gobierno montemayo-rista, es decir, era el encargado de seleccionar la mentirosa información que le dan a la opinión pública sobre los “logros estatales del gobernador”. Desde luego que está información oficial nunca considera las críticas sobre la corrupción e incapacidad gubernamental ni los reclamos de la ciudadanía.

Las respuestas de Claudio Bres fueron simplistas, salidas de la mente de un personaje que sólo entiende de publicidad comercial y dádivas gubernamentales. Sobre los premios estatales de periodismo, Bres Garza negó que el gobierno seleccionara a los premiados, pero no supo decir cuáles eran los requisitos que se consideraban para calificar los trabajos que se premiaban, pero aún así aseguró que no había línea para favorecer a ningún medio de comunicación.

A pesar de sus evidentes ignorancias sobre periodismo, Bres Garza se atrevió a pontificar que “La libertad de expresión debe ejercerse con profesionalismo y criterio”, porque según él: “La crítica infundada e irresponsable si molesta”. Por otro lado reconocíó, eso sí, que “En el gobierno hay cosas positivas y negativas”, y no desaprovechó la oportunidad para cortejar a su patrón: “Me gustaría seguir trabajando al lado del gobernador”.

Claudio sabía bien lo que decía, pues el desarraigado de Montemayor le abrió las puertas de la “política” para que se convirtiera en Alcalde de Piedras Negras, y siguió gozando de esa nueva faceta, la de “político”, hasta que -según se dice- los Juaristi lo frenaron en seco, pero Claudio Bres sigue en espera de que lo rescate otro despistado de la “política” priista que busqué cómplices, cortesanos o lambiscones.

Para entonces ya criticábamos en El Periódico... el proyecto de construir en Saltillo el bulevar Luis Donaldo Colosio, pues desde un principio se supo que beneficiaría a los terratenientes urbanos de siempre: Los Verduzco Rosán, los López del Bosque, Enrique Martínez, Luis Horacio Salinas, el coyote Víctor Mohamar, y otros semejantes. El proyecto del bulevar Colosio surgió en el sexenio de Montemayor.

También para entonces en El Periódico... señalábamos que el Presidente Ernesto Zedillo tenía la intención de entregarle la Presidencia de la República al PAN. Lo decíamos en el primer año de su sexenio. ¿Bola de cristal? No, estaba claro que eso sucedería. Como está claro en estos momentos (2012) que si no cambian las cosas de gobierno en nuestro estado, el próximo gobernador de Coahuila será panista. ¿Profecía? No, lógica pura, ante el desastre en que dejó a nuestra entidad Humberto Moreira y su pandilla de moreiristas.

Desde entonces, para hacer honor a su salinismo neoliberal, Montemayor inauguró la euforia gubernamental por vender, concesionar o privatizar (para el caso es lo mismo) los bienes públicos de los coahuilenses.

Supuestamente para hacer eficiente el cobro del servicio, el Consejo de Administración del Simas (Saltillo) compuesto precisamente por los “notables” saltillenses que no pagaban el agua que consumían sus negocios y residencias, decidieron concesionar la admistración del Simas a una empresa privada.

Esta medida fue de acuerdo al plan para privatizar el Simas propuesto por Fidagua (Fideicomiso del Agua), institución dirigida por Mario Eulalio Gutiérrrez Talamás y su compañero de parrandas, José María Fraustro Siller. Debido a ellos, Fidagua fue una dependencia gubernamen- tal bastante cara, más por las comelitonas y borracheras de sus directivos, que por las obras y proyectos realizados. A pocos meses de su creación, Fidagua contabilizaba un gasto de más de 20 millones de pesos. Tanto a Chema Fraustro como a Mario Eulalio Gutiérrez les gusta la buena vida, la pagada con el erario público.

Los pretextos para la privatización de Simas Saltillo fueron que no había una buena distribución del agua, que su cobro era ineficiente y que por su mal estado, la red de distribución perdía alrededor del 40 por ciento del vital líquido. Privatizar el agua saltillense sólo era cuestión de tiempo, ya estaba en la mira de las empresas que se quieren apoderar del agua de las ciudades con la complicidad de los “gobernantes”, para hacer negocio sin riesgos.

A mitad de 1995, el PRI estatal organizó un supuesto Congreso de “Mujeres por el cambio”. Dicho evento “político” se realizó para crearle una tribuna a la esposa del gobernador: Lucrecia Solano, entonces la mujer más inteligente de Coahuila, según los comentarios de la extensa corte que la adulaba.

En ese evento partidista, la esposa de Montemayoir se dio vuelo hablando de lo que poco sabía, y lo hizo frente a los colaboradores y “amigos” de su marido, en su gran mayoría derechistas y corruptos: “El Chino” Guerra, Oscar Pimentel, Lourdes Quintanilla, Germán Froto, y otros parecidos.

Doña Lucrecia dijo, entre otras cosas sin sustento en el gobierno que ella presidía con su esposo: “Un buen gobierno es el primer paso para darle credibilidad al partido, erradicando los vicios, la corrupción, la politiquería y teniendo políticos de principios”. Además señaló sin ninguna reflexión: “El primer punto para que un partido político se mantenga en el gobierno, es el buen gobierno de los candidatos que llegan a un cargo de elección popular”. En ese entonces con Lucrecia Solano uno llegaba fácilmente a la conclusión de que la demagogia no es exclusiva de los varones.

Pero volvamos a Mis Sexenios. El 10 de junio de 1995 fui objeto de otra agresión. Ese día, alrededor de las 23 horas un par de sujetos con características de porros, desde un vehículo en marcha balacearon un automóvil de mi propiedad que se encontraba estacionado frente a la puerta de mi casa.

Por fortuna, el velador de un negocio que se encuentra a la entrada de la privada donde vivo, se dio cuenta cuando balacearon mi auto y logró ver a los agresores, anotar el número de placas y las características del vehículo en que cometieron la cobarde agresión.

Horas después llegué a mi casa y encontré a mi familia (esposa y cinco hijos menores de 15 años) aterrorizados por lo que había sucedido. Al día siguiente, acompañado de algunos compañeros periodistas entre ellos Alfredo Dávila y Jesús Ruiz Tejada, fui a la Procuraduría a denunciar el caso.

Nos atendió el Procurador Humberto Medina Ainslie, quien poco interés le dio al asunto. Al Procurador montemayorista poco le importaba la procuración de la justicia, él estaba en ese lugar sacándole rentabilidad al cargo, haciendo negocios al amparo de su puesto y robándose el botín que recuperaba la policía de los delincuentes.

Por otro lado, el entonces director de la Policía Ministerial, Héctor Gutiérrez Cabello había dicho que yo era el autor de dicha agresión, es decir que me había autoagredido. Lo cierto es que ninguno de los funcionarios montemayoristas haría algo por aclarar la agresión que sufrí, porque me consideraban su enemigo, debido a las críticas que les haciamos en El Periódico..., y los señalamientos no eran para menos, pues la situación por la que ahora (2012) atraviesa Coahuila se inició con Eliseo Mendoza Berrueto, y luego cada uno de los posteriores gobernadores hicieron su parte. Rogelio Montemayor y Humberto Moreira fueron los que más contribuyeron con la delincuencia.

Al darme cuenta que en el gobierno estatal no harían algo por esclarecer mi caso, personalmente me di a la tarea de investigar los datos que me diera el velador que fue testigo de la agresión. Y ayudado por algunos amigos, inmediatamente dí con el automóvil en el que se habían trasladado los agresores.

Dicho vehículo estaba a nombre del profesor Félix Campos Corona, para entonces fallecido. El testigo reconoció el automóvil y al que lo iba conduciendo: Alberto Campos Olivo, hijo del finado político priista, y quien tenía las mismas características físicas de porro que el velador me había proporcionado en la madrugada del día de la agresión.

Al agente del Ministerio Público designado para mi caso, un tal Alfonso Olegario Zamora Salas y al propio Procurador les dí los resultados de mi investigación realizada en sólo 48 horas, incluía una pequeña lista de personas que trabajaban en el PRI, en donde estaba el otro agresor, el que había realizado los disparos. Pero aún con el caso resuelto, en la PGJ nunca continuaron con la investigación y el esclarecimiento del caso.

Por el contrario, el agente del Ministerio Público Zamora Salas obstaculizó la justicia, tergiversó las declaraciones y dilató el proceso, por eso solicité que lo retiraran del caso. Desde ese momento me quedó claro que la agresión había sido ordenada desde el gobierno del Estado.

Quince días después de la agresión, Rogelio Montemayor me citó a su despacho gubernamen- tal luego que publiqué una carta abierta dándole a conocer mis vicisitudes con su aparato de “justicia”. Llegué a la hora de la cita e inmediatamente me recibió. Yo tenía tiempo de no ver al gobernador, el conflicto en el Hospital Universitario de Saltillo nos había distanciado, pero los chismes e intrigas de los cortesanos lo habían enfrentado conmigo.

¿Qué hay de nuevo? preguntó Montemayor mientras nos saludábamos. De inmediato fui al grano. Con toda calma y sin prisas le expliqué lo que había pasado, lo puse al tanto de mis investigaciones y le di a conocer la actitud indiferente de la Procuraduría. También le dije que los balazos a mi carro era la segunda agresión que me hacían dentro de su gobierno, la primera había sido un robo a mi casa. Montemayor se mostró atento a mi información, y preguntó: ¿De quién sospechas?

Le dije que recién sucedieron las cosas tenía dos sospechosos, uno del sexenio mendocista ahora sin poder, y el otro el todo poderoso de su gobierno. Pero las vicisitudes de los últimos días me dejaron sólo a uno como sospechoso. ¿Quién? me preguntó. -Su Secretario General de Gobierno, Carlos Juaristi Septién, le respondí.

Al momento que acusé a su tortuoso Secretario General de Gobierno, Montemayor no pudo seguir fingiendo su amistoso gesto, y para darle vuelta al asunto torpemente preguntó: ¿Y qué más hay de nuevo? En ese momento me levanté del asiento, y mentandole la madre mentalmente me retiré del despacho sin decir una palabra.

Tres semanas después de mi entrevista con Montemayor, el Secretario General de Gobierno, Carlos Juaristi Septién, por órdenes del gobernador me invitó a platicar en su oficina. Luego que me puso al tanto de las instrucciones del gobernador para que le pusiera atención a mi caso, me pidió que le platicara cómo había sucedido la agresión y cómo iban las investigaciones.

Otra vez, repetí las chingaderas que me habían hecho y la obstaculización del Ministerio Público, pero tenía claro que esta vez se lo estaba contando al director intelectual de la agresión. Por eso cuando me preguntó, al final de mi información, si tenía algún sospechoso, le contesté: -Le voy a repetir lo que hace días le dije al gobernador. Después de mucho darle vueltas, sólo tengo un sospechoso de esta chingadera, y es usted para qué nos hacemos pendejos. Di por terminada mi entrevista con el tortuoso montemayorista y abandoné el despacho sin diplomacia alguna.

Días después despidieron de la Procuraduría a Francisco Javier Rodríguez “El Bebo”, un policía Ministerial al que yo le había pedido que se hiciera cargo de la investigación de mi caso, lo cual hizo con la anuencia del Procurador Medina Ainslie.

“El Bebo” fue quien me ayudó a descubrir en 48 horas a los agresores con los datos que me había dado el velador que vio la agresión de los facinerosos. Nuestras investigaciones concluyeron que el que conducía el carro (propiedad de Félix Campos Corona) cuando balearon mi automóvil era Alberto Campos Olivo, que en ese momento trabajaba en el Tribunal Superior de Justicia con el magistrado Zenaido Soto; y el otro agresor, el que disparó el arma era un “trabajador” del PRI.

Montemayor no tuvo ningún interés en resolver mi caso, me consideraba su enemigo no sólo por las críticas que le hacía a sus colaboradores y a él mismo, ni por las intrigas constantes de sus cortesanos, sino porque no había podido digerir que un grupo de trabajadoras del Hospital Universitario de Saltillo habían derrotado su abuso, despotismo y poderío, más aún cuando contaba con el apoyo de los medios de comunicación, de todo el aparato gubernamental de Coahuila, y de los oficios de esquirol de Oscar Olaf Cantú y sus iguales.

Como todas las demás agresiones en mi contra, el caso de la balacera a mi automóvil y el terror en que sumieron a mi familia, nunca se aclaró ni los responsables fueron castigados, por eso Alberto Campos Olivo -a través de su esposa-todavía sigue insistiendo que es inocente, pero así dicen todos los delincuentes. Para mi quedó claro, en este caso como en las demás agresiones, de dónde había venido la cobarde amedrentación.

Poco antes de terminar la primera etapa del gobierno montemayorista, la Comisión de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado -por órdenes de Rogelio Montemayor- dictaminó que el ex alcalde Rosendo Villarreal Dávila, el ex Tesorero Municipal José Manuel Garza Ortiz de Montellano y el ex Regidor comisionado de Hacienda, Luis Rico Samaniego, debían pagar 5,667.72 pesos que no habían justificado durante su gestión al frente de la Presidencia municipal de Saltillo.

De esta burlona manera, Montemayor había resuelto el saqueo y el endeudamiento en que el panista Rosendo Villarreal y su Tesorero había sometido al ayuntamiento saltillense. De esta forma, el gobernador resolvió las raterías rosendistas. La Comisión legislativa que acordó esta inusitada medida estuvo integrada por tres diputados priistas: Germán Froto Madariaga, Armando García Narro y Francisco Saracho Navarro. Dos de ellos todavía pululan por las nóminas gubernamentales cobrando bien sus oficios de cómplices, bufones y cortesanos, y de paso beneficiándose con la corrupción y el despilfarro de sus patrones, los gobernantes en turno.

Obviamente, Rosendo Villarreal y los dirigentes panistas de Coahuila, aprovecharon esta decisión acordada en las recámaras del poder para hacerse los ofendidos, arguyendo que todas las acusaciones de corrupción que les había hecho los priistas, tenían la perversa intención de desprestigiar a su honorable partido, el PAN. Los panistas de entonces reaccionaron igual que ahora lo hacen los priistas cuando les recuerdan sus raterías. ¡Qué poca madre! no cabe duda que son los mismos...

(Continuará).
Segunda etapa del sexenio montemayoristas...